El 30 de septiembre de 2024, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) realizó ajustes al Reglamento para el concurso de Fiscal General del Ecuador. El objetivo es prevenir que los candidatos tengan conflictos de interés o estén vinculados con el crimen organizado.
Estos cambios responden a las críticas al procedimiento inicial para seleccionar al sucesor de Diana Salazar, quien dejará su cargo en la Fiscalía el 8 de abril de 2025.
Andrés Fantoni, presidente del Consejo, afirmó que la reforma “es esencial para mantener la independencia de la entidad y asegurar que la justicia en el país se ejerza libre de presiones políticas y de intereses particulares”. Por otro lado, la consejera Nicole Bonifaz criticó que la decisión “ha postergado el proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General por más de tres semanas. No se ha presentado aún el cuadro de valoración de méritos para los postulantes”, indicó.
Según el Cpccs, los ajustes están en línea con el Artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, que exige a sus funcionarios un “perfil éticamente intachable”. Por lo tanto, no podrán postularse para Fiscal General aquellos que hayan actuado como defensores en casos de corrupción y crimen organizado.
Tampoco podrán postularse quienes estén procesados o llamados a juicio por delitos de corrupción y crimen organizado, mientras esté en curso el proceso penal correspondiente.
Además, quedan excluidos aquellos que hayan defendido a personas vinculadas a estructuras criminales, enjuiciadas o condenadas por delitos de crimen organizado, terrorismo, producción o tráfico ilícito de sustancias controladas, actividades ilegales de recursos mineros, almacenamiento o distribución ilegal de hidrocarburos.
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