El Consejo de la Judicatura (CJ) ha tomado una firme decisión al destituir a cinco jueces y una secretaria judicial debido a su vinculación con un caso de corrupción conocido como “caso Plaga”. Según los informes, estos funcionarios habrían recibido sobornos de hasta $60,000 para otorgar beneficios penitenciarios a reclusos. Esta situación ha llevado a que los implicados sean objeto de una investigación por presunto delito de delincuencia organizada.
La decisión de destituir a los funcionarios se concretó el 3 de octubre de 2024, durante una sesión del pleno del Consejo de la Judicatura. Este organismo ha subrayado su compromiso con la lucha contra la corrupción, separando a los implicados de sus funciones laborales. En el informe correspondiente, se detalla que cuatro de los jueces y la secretaria pertenecen a Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que otro magistrado trabajaba en Huaquillas, El Oro.
A través de sus redes sociales, la Judicatura hizo un pronunciamiento claro, asegurando que no permitirá que la corrupción socave la confianza del público en el sistema judicial. “Toda conducta irregular será investigada y sancionada, sin importar el rango de los servidores judiciales”, indicó el comunicado. Esta declaración resalta el compromiso del Consejo de la Judicatura por mantener la integridad de la administración de justicia.
La destitución se basó en infracciones disciplinarias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, que prohíbe a los funcionarios judiciales solicitar o aceptar sobornos. El caso Plaga ha expuesto una red de corrupción que involucra a jueces, fiscales y otros profesionales del derecho, quienes, según las investigaciones, gestionaban beneficios ilegales a cambio de grandes sumas de dinero. Inicialmente, 14 personas fueron procesadas, y desde entonces, 17 más han sido detenidas, lo que refleja la magnitud de este escándalo.