La situación entre la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y los consorcios encargados de operar los radares en las carreteras del país se ha intensificado tras la suspensión de los contratos de delegación de servicios. Esta decisión, tomada por la CTE, ha llevado a los consorcios a buscar un proceso de arbitraje, ya que la mediación inicial no fue atendida por la CTE. La controversia se centra en la operación de radares que, según los consorcios, es esencial para el control de velocidad y la seguridad vial.
Los contratos en cuestión fueron otorgados en julio de 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso, a los consorcios Seviecu y Ecutransit. Estos acuerdos contemplaban la instalación de 232 radares en todo el país, destinados a la regulación de la velocidad y la emisión de multas. Sin embargo, en junio de 2024, el Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, denunció irregularidades en estos contratos, lo que llevó a la CTE a suspenderlos. Hasta ese momento, Seviecu había instalado tres radares y Ecutransit, 36.
Los consorcios han defendido su posición, argumentando que la suspensión de los contratos carece de fundamento legal. Pedro Maldonado, gerente de Seviecu, ha señalado que la decisión de la CTE es arbitraria y que el proceso de delegación se realizó correctamente, según un informe de la Procuraduría. Actualmente, los consorcios están en un proceso de arbitraje, donde buscan una posible indemnización por el incumplimiento de contrato por parte del Estado.
Maldonado también ha cuestionado las afirmaciones de Neira sobre el uso de los recursos obtenidos de las multas, aclarando que esta responsabilidad recae en el CTE y no en los consorcios. Además, ha destacado que Seviecu no ha recibido ingresos por las multas emitidas durante el tiempo que sus radares estuvieron operativos, lo que representa una pérdida significativa para la empresa y un perjuicio para el Estado debido a la prescripción de muchas multas.
En medio de este conflicto, la organización Justicia Vial ha presentado una acción de protección para revertir la suspensión de los radares a nivel nacional. Argumentan que, a pesar de la alta siniestralidad en las carreteras, no se han implementado políticas públicas efectivas para abordar el problema. En 2023, se registraron casi 21.000 accidentes de tránsito, lo que resalta la necesidad de mantener los controles de velocidad a través de radares, que han demostrado ser efectivos en la reducción de siniestros y en la promoción de la seguridad vial.
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