La reciente iniciativa del presidente Daniel Noboa para modificar la Constitución y eliminar a los presos de la lista de grupos vulnerables ha generado un intenso debate en la Asamblea Nacional. En una reunión celebrada el 7 de noviembre de 2024, los legisladores discutieron brevemente esta propuesta, que ahora está bajo revisión de la Corte Constitucional. La decisión de la Corte será crucial para determinar si el proyecto puede avanzar en el proceso legislativo.
Los miembros de la Asamblea han adoptado posturas cautelosas respecto a la propuesta. Paúl Buestán, representante del movimiento Construye, argumentó que aquellos que cometen delitos graves no deben recibir atención prioritaria, ya que esto podría perjudicar a los ciudadanos que cumplen con la ley. Sin embargo, también reconoció que no todos los internos son delincuentes peligrosos, sugiriendo la necesidad de una categorización más precisa de los presos.
Durante la discusión, Cinthia Carrasco, directora de Acceso a la Justicia, enfatizó la importancia de respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Aclaró que cualquier intento de restringir el acceso a mecanismos de protección, como el hábeas corpus, podría ser ineficaz y contraproducente. La propuesta debe ser analizada cuidadosamente para evitar la vulneración de derechos fundamentales.
La oposición, representada por la Revolución Ciudadana, ha criticado la propuesta de Noboa, considerándola una estrategia electoral en vista de las elecciones de febrero de 2025. La legisladora Jhajaira Urresta destacó que en las cárceles hay grupos que requieren atención prioritaria, como ancianos y mujeres. Embarazadas, y abogó por una reforma más integral que incluya la separación de cárceles según el nivel de seguridad.
Por otro lado, algunos legisladores, como Adrián Castro, han defendido la propuesta, argumentando que no es justo que ciertos delincuentes reciban más protección que personas realmente vulnerables. Castro afirmó que el enfoque debe estar en quienes merecen un trato digno y protección estatal, en lugar de aquellos que han cometido crímenes graves. Esta división de opiniones refleja la complejidad del tema y la necesidad de un debate más profundo sobre la reforma penitenciaria en Ecuador.
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