En el caso Aviones Presidenciales, la Fiscalía fue el autor en coordinación con Villavicencia que era asambleísta en el momento, era ‘el golpe’ directo contra el Correísmo, pero un Tribunal falló a su favor.
El 15 de septiembre de 2021 hubo una movilización liderada por organizaciones sociales contra el presidente Guillermo Lasso, debido al incremento del precio de los combustibles, los impuestos, el desempleo y a la vez se planificaba para ese día, sacar a Luisa González cuando era asambleísta del tablero político.
Fernando Villavicencio, cuando era el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y junto a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, planearon irse en contra de la legisladora de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), mediante los chats revelados en el presente año.
«La mañana del 15 de septiembre de 2021, el diálogo entre Villavicencio y Salazar inició con el juicio político al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión. Hablaron del desconcierto que generaba Pachakutik y el apoyo de UNES en torno al caso».
En esa fecha se censuró y destituyó a Carrión por la Asamblea Nacional, la cual fue aprobada con 75 votos por las bancadas de la Izquierda Democrática (ID), del Partido Social Cristiano (PSC), y la bancada de Acuerdo Nacional, misma bancada que agrupaba a varios de los asambleístas independientes y del movimiento Creando Oportunidades (CREO).
La bancada UNES, afín al Correísmo, obtuvo 47 votos. Mientras que los que dieron una sorpresa fueron los asambleístas del movimiento Pachakutik con la abstención de 14 legisladores.
Antes de la destitución de Carrión, el 14 de septiembre de 2021, Villavicencio estaba preparando su ataque contra la bancada Correísta. Lo realizaría al sacar la indagación previa de la Fiscalía en el caso Aviones Presidenciales que era dirigida para el expresidente Rafael Correa, otros exfuncionarios y Luisa González. Para llegar a ser posible su plan necesitaba de la fiscal, por ello le pidió al menos la indagación previa en contra de Rafael Correa y González.
El 15 de septiembre de 2021, un día después, Villavicencio le pidió «sepultar» de manera política a González, aprovechándose del tema judicial.
La agenda legislativa de Luisa González continuaba con normalidad, participó en la sesión del Comité de Ética de la Asamblea Nacional y el 10 de junio de 2023, fue designada candidata presidencial en representación de la Revolución Ciudadana para participar en las elecciones anticipadas de 2023, después de que Jorge Glas declinara su participación. En las elecciones, Gónzalez participó en binomio con Andrés Arauz como vicepresidente. Quedando en segundo lugar en la contienda política, y para los comicios 2025 vuelve a la palestra electoral.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 584, señala que la información en la indagación previa como reservada, aunque la insistencia Fernando Villavicencio por «sepultar» a Luisa González durante el 16 de septiembre de 2021. La sinopsis de la indagación previa fue compartida por la fiscal, información relacionada con el uso de aviones presidenciales por parte de Correa y otros funcionarios durante el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, como parte de un informe de Contraloría.
Villavicencio pedía información, al tener una negativa por parte de Salazar de no darle fotos, además de pedir más nombres a parte de Rafael Correa y Luisa González. Al llegar marzo de 2023, se conoció que el expresidente Rafael Correa ganó el caso Aviones Presidenciales, para febrero el Tribunal concluyó que la invocación jurídica de la Contraloría era falaz, debido a ello, declaró la nulidad del acto administrativo impugnado.
También el excontralor subrogante Pablo Celi, que actualmente tiene una condena de trece años y cuatro meses de cárcel por delincuencia organizada en el caso de Las Torres, al acusar de forma impertinente. La sentencia fue declarada nula, para el acto administrativo del excontralor, siendo esta la base que usaría la Fiscalía en un proceso judicial en contra del exmandatario. Esa impertinencia por parte de Celi, se habría dado por la falta de honestidad y transparencia relacionadas específicamente con el uso de los aviones presidenciales por parte del expresidente.
El Grupo de Transporte Aéreo Especial y el Servicio de Protección Presidencial, no habían entregado la información que se requería sobre el uso de las aeronaves al equipo auditor de la Contraloría, fue la aclaración de El Tribunal, aunque se aseveró el ser endilgado al exmandatario.