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IESS: UN MODELO DE PENSIONES QUE MOTIVA LA FORMALIDAD DESDE LOS 50 AÑOS

by Ecuador En Directo

En Ecuador, gran parte de los trabajadores opta por formalizarse recién al cumplir 50 años. Esto no es una coincidencia: el sistema de pensiones del IESS permite acceder a la jubilación a los 65 con únicamente 15 años de aportaciones. Un estudio del BID advierte que este diseño fomenta una estrategia laboral tardía que pone en riesgo la sostenibilidad y la equidad del sistema.

El esquema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) otorga la posibilidad de jubilarse por vejez a los 65 años con solo 15 años de aportes. Aunque legalmente válido, este requisito mínimo se ha convertido en un incentivo silencioso que influye en las decisiones laborales: basta con entrar a la formalidad a los 50 años y cumplir el tiempo requerido para obtener una pensión completa.

A diferencia de sistemas plenamente contributivos, en los que el valor de la pensión está directamente ligado al número de años y al nivel de aportes, el modelo ecuatoriano mantiene un alto subsidio implícito. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ecuador cuenta con el segundo sistema más generoso de América Latina, ofreciendo beneficios importantes incluso cuando las contribuciones han sido mínimas o tardías.

Esto se refleja en la tasa de reemplazo de pensiones —porcentaje del salario final que un jubilado percibe como pensión—, que en Ecuador llega al 99% del salario final, muy por encima del promedio regional de los sistemas de beneficio definido (BD), de 63%, y casi el triple del promedio de los sistemas de contribución definida (CD), de 37%.

En términos simples, los sistemas BD —como el del IESS— entregan beneficios garantizados mediante fórmulas fijas, mientras que los sistemas CD calculan el valor de la pensión en función de lo acumulado por el afiliado. Esto explica por qué en Ecuador es posible retirarse con una pensión casi completa aportando solo los últimos 15 años.

Esta conducta obedece a un cálculo estratégico: cotizar desde joven implica décadas de pagos mensuales con riesgo de interrupciones. En cambio, formalizarse a los 50 y jubilarse a los 65 puede ser más rentable que haber contribuido desde el inicio de la vida laboral bajo las mismas condiciones.

¿Qué explica el salto a la formalidad a los 50?

Un estudio del BID, titulado “Public Pensions and the Strategic Timing of Formal Employment”, usa datos administrativos para detectar un patrón singular: la probabilidad de que un trabajador informal se formalice aumenta de manera notable justo al cumplir 50 años.

Este “salto” puede parecer leve, pero significa un alza en la tasa de afiliación al IESS para ese segmento de edad. Es decir, existe un cambio relevante en la conducta laboral a esa edad.

El análisis señala que, en la mayoría de los casos, no hay cambio de empleo ni de sector, sino un ajuste del estatus contractual: de informal a formal, manteniendo el mismo puesto y empleador. Esto es común en microempresas o negocios familiares, donde es fácil registrar un contrato sin modificar la operación.

Además, quienes logran esta transición suelen tener un nivel educativo más alto y mayores ingresos familiares, lo que indica que no todos pueden aplicar esta estrategia, sino quienes tienen redes o recursos que facilitan su incorporación “justo a tiempo” al sistema.

Otro hallazgo es que este patrón no se repite en otras edades clave, como los 30 (para jubilarse a los 60) o los 60 (para jubilarse a los 75), pese a que las reglas lo permitirían. La edad de 50 años combina cercanía a la jubilación y suficiente capacidad laboral para cumplir los requisitos.

Por ello, esta conducta no es casual, sino resultado de los incentivos que el propio sistema genera.

¿Quién paga la cuenta? Inequidad y carga fiscal

El patrón de formalización tardía detectado por el BID no solo refleja decisiones racionales a nivel individual, sino una falla estructural: las reglas permiten que muchas personas se jubilen sin una contribución proporcional, generando un costo fiscal alto y una fuerte inequidad entre aportantes.

El Estado transfiere cada año el 40% del valor de las pensiones al fondo del IESS. Este subsidio, pensado como garantía de sostenibilidad, ahora beneficia tanto a quienes aportaron por décadas como a quienes lo hicieron solo 15 años.

La sostenibilidad también está en riesgo. El sistema requiere ocho afiliados activos por cada jubilado, pero hoy existen solo cinco, y la tendencia es a la baja. Cada nuevo grupo que ingresa tarde y aporta poco agrava el déficit: reciben prestaciones similares a quienes cotizaron más tiempo, encareciendo el sistema y debilitando su base financiera.

De mantenerse así, el fondo previsional afrontará déficits anuales y podría verse obligado a vender activos para pagar pensiones, comprometiendo su estabilidad futura.

Reformar para corregir incentivos y sostener el sistema

El IESS enfrenta un cóctel de incentivos mal diseñados, subsidios mal enfocados y un frágil equilibrio financiero. La Comisión Ciudadana para la Reforma del Sistema de Pensiones, en 2023, presentó un diagnóstico y propuso reformas para evitar una crisis. Entre las causas del problema se encuentran:

  • Baja densidad de aportes.
  • Subsidio estatal sin criterios de focalización.
  • Alta tasa de reemplazo sin base contributiva equivalente.
  • Normas que permiten formalización tardía sin penalización.

Las propuestas incluyen:

Calcular pensiones en base al promedio de los últimos 30 años de aportes, en lugar de los cinco mejores, para premiar trayectorias largas.

Afiliación obligatoria para trabajadores independientes con mecanismos de pago simplificados.

Incluir décimos tercero y cuarto en la base de aportes.

Separar una pensión básica solidaria (financiada por el Estado) de una contributiva proporcional al esfuerzo individual.

Sin embargo, dos años después, no se han aplicado cambios de fondo y el déficit se agrava. Rediseñar los incentivos no busca castigar a quienes aprovecharon las reglas, sino evitar que continúe un esquema que premia aportaciones cortas a costa del esfuerzo colectivo.

Postergar la reforma solo empeora el problema y encarece la solución. Si se quiere un sistema justo y sostenible, el momento de actuar es ahora.

Fuente: cortesía

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