En 2024, el Ministerio de Finanzas proyectó destinar USD 2.244 millones a subsidios para el gas doméstico y el diésel, cifra que equivale a la mitad del presupuesto asignado al Ministerio de Educación.
Desde principios de los años 80, distintos gobiernos han intentado desmontar algunos subsidios a los combustibles mediante diversos mecanismos, aunque dos de ellos han resultado prácticamente intocables: el subsidio al diésel para vehículos (diésel premium) y el destinado al gas doméstico (GLP).
Esta es una de las medidas más difíciles de revertir, ya que cada vez que se ha intentado eliminar o reducir el subsidio estatal han estallado fuertes protestas sociales, con consecuencias económicas significativas, enfrentamientos en las calles e incluso muertes de manifestantes, como ocurrió durante el paro nacional de 2019.
Desde su creación en 1974, el gasto en subsidios a los combustibles ha sido millonario y, además, poco transparente, según lamenta el exviceministro de Finanzas, Fabián Carrillo.
Según el último informe del Banco Central de Ecuador (BCE), entre 2010 y 2023 el Estado destinó USD 53.922 millones a subsidios a los combustibles, casi 20 veces el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para 2025, que asciende a USD 2.798 millones.
Del total de subsidios en esos 13 años, el 61% se destinó al diésel y al gas de uso doméstico.
Ecuador se acostumbró a contar con combustibles subsidiados en una época en que importaba menos derivados, la economía era más pequeña y producía más petróleo, comenta Carrillo.
Pero actualmente la situación es diferente, ya que el país importa más derivados y su producción de petróleo disminuye, lo que hace insostenible mantener los subsidios, añade Carrillo.
Por ejemplo, durante el primer semestre de 2025, el 96% del gas consumido en Ecuador fue importado y aproximadamente el 85% del diésel provino del exterior.
«Este año, con los problemas de la Refinería de Esmeraldas se ha incrementado la importación de derivados, sumándose la caída de exportaciones por roturas de oleoductos, lo que reduce los ingresos para costear el combustible importado», indica Carrillo.
Medio siglo y cambios limitados para reducir el subsidio al diésel
El esquema de subsidios a los combustibles se implementó en Ecuador en 1974, durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, cuando el país empezaba a ser exportador de petróleo y los precios internacionales de esta materia prima estaban en alza.
En varias ocasiones, distintos gobiernos intentaron reducir el subsidio al diésel para vehículos e incluso al gas doméstico, pero se toparon con fuertes protestas sociales.
Por ejemplo, Abdalá Bucaram eliminó el subsidio al gas, lo que provocó manifestaciones masivas y, poco después, fue derrocado en medio de escándalos de corrupción.
Más adelante, los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso también intentaron intervenir sobre el diésel. En 2019, Moreno eliminó el subsidio al diésel, y en 2022 Lasso incrementó su precio y lo congeló en USD 1,90. Ambos enfrentaron fuertes protestas de transportistas e indígenas y terminaron revirtiendo sus decisiones.
En consecuencia, solo se han eliminado subsidios que representan menor peso en las finanzas públicas. Por ejemplo, en 2018 Moreno quitó el subsidio a la gasolina Súper, y Lasso eliminó el subsidio al diésel de las camaroneras en 2022.
Con los antecedentes de movilizaciones por el diésel, Daniel Noboa ha adoptado un enfoque gradual en otros subsidios. Desde junio de 2024, las gasolinas Extra y Ecopaís, que antes tenían precio fijo de USD 2,46, ahora se ajustan mediante un sistema de bandas que permite que sus precios fluctúen mensualmente según el mercado internacional, manteniendo un porcentaje de subsidio estatal.
No obstante, desde el 12 de agosto de 2025, el subsidio a estas gasolinas se redujo, debido a una nueva fórmula para fijar los precios, establecida en el decreto ejecutivo 83.
De esta manera, desde la implementación del sistema de bandas para las gasolinas de bajo octanaje, su precio subió de USD 2,46 a USD 2,75 por galón en agosto, lo que representa un incremento de USD 0,29 en 14 meses.
Diésel y gas de uso doméstico, un gasto millonario
El principal obstáculo para reducir el gasto en estos subsidios son las fuertes protestas sociales, ya que benefician a sectores de menores ingresos, aunque existen distorsiones, explica Hanns Soledispa, director de la firma de investigaciones Exponential Research.
Por ejemplo, los buses de transporte público utilizan diésel, y un aumento en su precio podría repercutir en el alza de los pasajes.
Asimismo, el gas de uso doméstico es empleado por la mayoría de los hogares, incluyendo aquellos en situación de pobreza.
Soledispa señala que se ha convertido en un problema principalmente político, porque aunque existen mecanismos para focalizar los subsidios, los gobiernos temen nuevas protestas e inestabilidad durante sus mandatos.
«Del gas ni hablar, es más, cada vez que un gobierno pone sobre la mesa el tema de los subsidios tiene que salir a aclarar que no se incluirá el gas», añade.
Sin embargo, existen otros retos aún más difíciles de abordar, como el contrabando de diésel y gas a través de las fronteras.
Además, con el crecimiento del narcotráfico y la minería ilegal, la demanda de diésel en estos mercados ilegales aumenta, señala Soledispa.
No obstante, Carrillo considera que eventualmente será inevitable reducir este gasto, debido a que el presupuesto estatal no alcanza y el país debe endeudarse cada vez más para sostener el gasto público.
El exviceministro añade que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades prioritarias, como la salud y la seguridad.
¿Pero cuánto pesa el presupuesto para estos subsidios?
Según Petroecuador, en promedio, durante 2025 el Estado ha subsidiado USD 1 por galón de diésel premium para vehículos.
Entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre de 2025, el galón de diésel tiene un subsidio de USD 1,117; es decir, debería costar USD 2,91, pero se vende en USD 1,80.
Solo en 2024, el Ministerio de Finanzas proyectó destinar USD 1.506,4 millones al subsidio del diésel y USD 737,2 millones al gas, sumando USD 2.244 millones, casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación para 2025, que asciende a USD 4.011 millones.
Aunque no se conoce el monto total destinado a subsidiar este combustible en lo que va de 2025, debido a que el Gobierno no publica los datos completos, sí existen cifras del subsidio al diésel importado.
Durante el primer semestre de 2025, el Estado gastó USD 371 millones en subsidiar diésel importado, más del triple del presupuesto destinado al programa Jóvenes en Acción en 2024, que fue de alrededor de USD 100 millones.
No obstante, este monto es inferior a los USD 541 millones destinados al diésel importado en el mismo período de 2024, debido a que el precio del petróleo cayó un 14% en ese lapso, lo que redujo también el costo de derivados como el diésel, aclara Carrillo.
En contraste, el cilindro de gas de 15 kg en Ecuador se vende a USD 1,65, un valor considerablemente menor al de países sin subsidio. En Perú, por ejemplo, un cilindro de 10 kg cuesta entre USD 14 y 15.
En el primer semestre de 2025, el Estado destinó USD 282 millones a subsidiar gas importado para hogares, cifra superior a los USD 254 millones del mismo período de 2024.
¿Cómo implementar cambios sin generar caos?
Carrillo y Soledispa coinciden en que la reducción de estos subsidios debe acompañarse de mecanismos de compensación para los sectores que se verían más afectados.
Soledispa explica que, en el caso del gas, el Gobierno debería focalizar la ayuda en los grupos más vulnerables, ofreciendo transferencias económicas similares al Bono de Desarrollo Humano.
En cuanto al diésel para transportistas, podrían implementarse beneficios como reducción de aranceles para repuestos, eliminación del IVA sobre el combustible y exoneración de ciertas tasas.
Carrillo añade que, al mismo tiempo, es fundamental mejorar la transparencia y eficiencia en la compra de derivados de petróleo en el exterior, para optimizar el gasto y generar mayores ahorros.
Fuente: cortesía