y resoluciones ministeriales anteriores. La cantidad de demandas ante la Corte Constitucional continúa en aumento.
Desde principios de 2025, la Corte Constitucional (CC) ha recibido 111 demandas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos. El 58% de estas se dirige a medidas del gobierno del presidente Daniel Noboa, incluyendo leyes, resoluciones, decretos, acuerdos ministeriales y reglamentos.
La más impugnada es la controvertida Ley de Integridad Pública, con 29 acciones de inconstitucionalidad en su contra, de las cuales 25 ya fueron unificadas en un solo proceso. Aun así, esto ha sido lo menos prioritario para el Ejecutivo.
La campaña encabezada por el Primer Mandatario contra los nueve jueces constitucionales, que incluyó una marcha, se centra en la suspensión temporal de una docena de artículos de la Ley de Inteligencia y cuatro más de la Ley de Solidaridad Nacional. El discurso oficial culpa a los jueces del aumento de la crisis de inseguridad.
Mientras tanto, el Ejecutivo permanece en silencio sobre otras decenas de cuestionamientos que continúan su trámite, impulsados por ciudadanos y agrupaciones que consideran estas medidas inconstitucionales y lesivas a sus derechos.
Las demandas ‘desconocidas’
Entre las medidas más criticadas está la resolución 003/25 de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que estableció la nueva tasa de fiscalización minera para recaudar entre USD 200 millones y USD 220 millones anuales.
Según Arcom, esta tasa, vigente desde el 20 de junio, debe ser pagada por todos los titulares de concesiones mineras metálicas y no metálicas, tanto en exploración como en explotación. Esta decisión ha recibido seis demandas de inconstitucionalidad, más que las que pesan sobre la Ley de Inteligencia.
Carondelet es la entidad con más decisiones cuestionadas. El presidente Noboa ha enfrentado las demandas más polémicas por decretos que le permitieron encargar funciones a Cynthia Gellibert durante su campaña, sin acogerse a una licencia sin sueldo. Además, la fusión de ministerios también empieza a generar nuevas demandas de inconstitucionalidad.
Otras acciones cuestionadas incluyen acuerdos y resoluciones sobre sindicatos, remuneraciones y la operatividad de la Ley de Integridad Pública.
Aunque el oficialismo trate de enfocar la atención pública en las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional, otras tres iniciativas legales también han sido impugnadas ante la Corte: las leyes de Eficiencia Económica, Conflicto Armado y Áreas Protegidas, esta última recientemente aprobada.
Fuente: cortesía