El análisis financiero que lleva a cabo la UAFE está enfocado en las principales autoridades del Gobierno central, así como en viceministros, subsecretarios y directores que forman parte de entidades pertenecientes a la Función Ejecutiva.
La Ley de Transparencia Social, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto, otorga a la UAFE la facultad de efectuar análisis económicos y financieros a «servidores públicos salientes» de instituciones del Gobierno central, en función del período durante el cual hayan desempeñado sus cargos.
De manera específica, esta disposición aplica a:
Autoridades principales de instituciones del Gobierno central.
Viceministros, subsecretarios, directores y subdirectores de entidades bajo la Función Ejecutiva.
Familiares de estos funcionarios hasta el segundo grado de consanguinidad (como hermanos, abuelos y nietos) y segundo de afinidad (como cuñados, abuelos o nietos del cónyuge).
Este tipo de análisis podrá efectuarse «a petición de parte y bajo discrecionalidad institucional», según lo establece la disposición reformatoria tercera de la norma, la cual modifica la Ley de Prevención y Combate del Lavado de Activos y la Financiación de otros Delitos.
Dicho análisis deberá contemplar información general, financiera, tributaria, económica, patrimonial, societaria y cualquier otro dato que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) considere pertinente.
La UAFE es la entidad encargada de recolectar información y elaborar reportes con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de activos.
Una vez completado el análisis, la UAFE no podrá realizar un nuevo estudio financiero o económico sobre esas autoridades respecto al mismo período, según lo estipulado en la normativa.
Fuente:cortesía