La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transparencia Social, una medida económica urgente, que según el Gobierno, está destinada a mejorar la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, con 78 votos a favor. La votación marcó un momento determinante para el movimiento oficialista, ADN, que obtuvo el apoyo de varios exmiembros de Revolución Ciudadana (RC), entre ellos Jhajaira Urresta, David Arias, Sergio Peña, Carlos Vargas y Mónica Salazar. Este cambio de orientación ayudó al Gobierno a consolidar una mayoría, mientras que el Partido Social Cristiano (PSC) votó en contra, alegando preocupaciones sobre su implementación y supervisión.
El debate sobre la ley se prolongó durante varias semanas, y sus promotores argumentaron que la medida impondría obligaciones de transparencia más estrictas a las organizaciones sociales, garantizando la correcta declaración de ingresos, gastos y donaciones. El Gobierno presentó la ley como esencial para prevenir el uso indebido de fondos y reforzar la confianza en las instituciones cívicas y comunitarias. Sin embargo, los críticos advirtieron que la ley podría imponer cargas burocráticas a las organizaciones más pequeñas y podría no incluir suficientes salvaguardias contra el uso indebido de fondos políticos.
La ley establece que las organizaciones sin fines de lucro deben presentar informes financieros anuales a las autoridades reguladoras. Estos informes deben ser de acceso público, lo que permite a la ciudadanía supervisar el uso de los fondos por parte de las organizaciones, en particular de aquellas que reciben subvenciones gubernamentales o donaciones extranjeras. Las infracciones a la ley pueden resultar en sanciones, como multas, suspensión temporal de operaciones o, en casos graves, la disolución de la organización.
Durante la votación, los miembros del PSC expresaron su oposición, argumentando que la ley podría utilizarse como herramienta para atacar a las organizaciones sociales independientes y ONG críticas con las políticas gubernamentales. A pesar de estas objeciones, el apoyo conjunto de la ADN y los exmiembros de la RC, junto con algunos representantes de Pachakutik, garantizó la aprobación de la ley sin modificaciones.
Varios analistas y dirigentes opositores consideran que los exasambleístas de RC que ahora apoyan a ADN, como Jhajaira Urresta y Sergio Peña, traicionaron la línea de su antiguo bloque. Su cambio de postura permitió al Gobierno aprobar la Ley de Transparencia Social, reforzando la mayoría oficialista.
Este giro ha generado críticas por supuesta falta de lealtad hacia sus electores y hacia los principios de sus aparentes principios ideológicos.