Durante una audiencia ante la Corte Constitucional, los representantes legales del régimen de Daniel Noboa, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, y la asesora jurídica de la Asamblea, Mercedes Mediavilla, fueron incapaces de explicar cómo se introdujeron modificaciones a leyes sin pasar por el primer debate. La incomodidad quedó en evidencia cuando los jueces les exigieron precisión y ambos permanecieron en silencio.
Andino y Mediavilla habían sido enviados para defender la constitucionalidad de proyectos de ley declarados como urgentes, bajo la justificación del Ejecutivo de que tales modificaciones eran necesarias para la celeridad legislativa. Sin embargo, ante el tribunal, su defensa careció de argumentos sólidos al no justificar la omisión del primer debate constitucional.
La falta de respuesta generó un clima de tensión y descalificación en la sala, con jueces que calificaron el episodio como una falta de respeto al debido proceso. Testigos señalaron que la actitud de los juristas pareció improvisada, evidenciando debilidad gubernamental ante cuestionamientos formales.
Este episodio se suma al creciente escepticismo frente al Ejecutivo, que ha sido acusado de abusar del mecanismo de leyes urgentes para saltar procedimientos democráticos y consolidar reformas sin consenso. Analistas advierten que estas acciones erosionan la institucionalidad y la separación de poderes.
En su discurso ante empresarios días antes, el presidente Daniel Noboa había defendido la necesidad de actuar con rapidez para enfrentar la crisis económica, argumentando que ciertos procesos parlamentarios podían obstaculizar soluciones urgentes. No obstante, esta justificación no fue respaldada técnicamente por sus asesores ante la Corte.
El incidente provocó reacciones críticas desde la oposición y prensa, que destacaron la descoordinación entre el Ejecutivo y sus envíos a la justicia constitucional. Algunos abogados consultados sostienen que este silencio podría derivar en fallos desfavorables para el Gobierno.
El caso refuerza las advertencias sobre el uso excesivo de leyes urgentes como instrumento para evadir debates parlamentarios completos. La institucionalidad y la legitimidad de las reformas están en juego, mientras el país observa con preocupación el deterioro del diálogo y los cauces democráticos.
Las críticas no se limitaron a la audiencia, pues en redes sociales, el secretario jurídico Stalin Andino fue blanco de una oleada de cuestionamientos y burlas tan intensas que, horas después, optó por cerrar su cuenta de X, un gesto que para muchos reflejó el nivel de presión y desgaste político que atraviesa el equipo jurídico del Gobierno.