El asambleísta oficialista por Santo Domingo, Christopher Jaramillo, fue denunciado ante la Fiscalía tras ser acusado por presunto abuso de confianza por retener el vehículo de una ciudadana. La propietaria asegura que Jaramillo tomó el Chevrolet sin su consentimiento y se niega a devolverlo, lo que ha derivado en una denuncia formal.
Según la denunciante, Stephania Novillo, el 20 de agosto de 2025, al mediodía, notó que su auto no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado. Tras varias consultas, llegó a enterarse de que el vehículo había sido trasladado por el legislador. La mujer denuncia que él actuó “arbitrariamente, sin mi consentimiento y abusando de mi confianza” e incluso la habría bloqueado en redes sociales, impidiéndole comunicación directa. Lo más grave, afirma, es que hay indicios de que el carro podría estar dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional, lo cual está prohibido.
La denuncia presentada contempla dos graves cuestionamientos a la conducta del legislador: el primero, el presunto uso sin autorización de un bien ajeno; el segundo, una posible violación de normas de seguridad y protocolo legislativo, si el vehículo efectivamente se encuentra dentro del edificio que alberga al poder Legislativo. Esta situación plantea dudas sobre el respeto a la ley de parte de quien ocupa una curul.
El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá verificar los hechos, determinar si hay responsabilidad penal y ordenar las acciones necesarias, incluyendo la recuperación del vehículo. La institución también deberá definir si procede una investigación por abuso de confianza y, de ser el caso, si existen agravantes al tratarse de un funcionario público.
Este no es el primer incidente que interpone en problemas al bloque oficialista de ADN. En 2024, la asambleísta Camila León enfrentó una denuncia por presunto fraude, mientras que el asambleísta Jorge Chamba fue acusado de nepotismo tras contratar a su madre como asesora. El nuevo episodio con Jaramillo suma un patrón de cuestionamientos dentro del movimiento gobernante.
La versión del legislador aún no ha sido difundida. Hasta el momento, no hay declaraciones públicas ni respuesta oficial de su parte o de su bancada. El silencio añade tensión al caso y aumenta la presión sobre ADN para que aclare los hechos y dé señales de transparencia e integridad, especialmente en esta etapa de investigación preliminar.
La atención mediática y pública se concentra ahora en la Fiscalía y en la Asamblea Nacional, ya que ambos poderes podrían quedar involucrados en el caso: el primero, por la investigación penal en curso; la segunda, por la posible vulneración de sus normas internas y la necesidad de garantizar que su sede no sea utilizada como depósito de bienes ajenos con dudosa procedencia.
Este incidente impacta la imagen del Legislativo y del oficialismo en particular, justo en un momento en que la ciudadanía y los medios de comunicación demandan mayor ética y responsabilidad en el manejo del poder político. La filtración y el seguimiento del proceso podrían marcar diferencias cruciales en la percepción política y judicial del caso.