Tras el allanamiento a la sede sindical, el Comité de Empresa de CNEL informó este 18 de septiembre que un juez de Samborondón suspendió la directiva de Daniel Garcés, cuestionada por una supuesta inscripción irregular y señalada de promover la intervención judicial.
La crisis sindical en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) suma un nuevo capítulo. Luego del allanamiento de su sede en el norte de Guayaquil, el Comité de Empresa comunicó que un juez de Samborondón emitió medidas cautelares que suspenden la directiva encabezada por Daniel Garcés, dirigente que había impulsado la intervención tras denunciar un presunto desvío de fondos.
Allanamiento a las oficinas del Comité
La noche del 17 de septiembre, agentes de la Fiscalía y la Policía ingresaron a las instalaciones del Comité de Empresa de CNEL como parte de una investigación derivada de la denuncia de Garcés. El dirigente había alertado sobre un supuesto desfalco superior a USD 1 millón en agosto, días antes de asumir la directiva.
Durante el operativo, autorizado por la Unidad de Flagrancia de Guayas, se incautaron documentos y equipos electrónicos. Sin embargo, la dirigencia reconocida por la Asamblea Nacional de Delegados calificó la diligencia como un “allanamiento ilegal”, argumentando que Garcés no contaba con legitimidad para representar a los trabajadores.
Juez suspende a la directiva de Garcés
En rueda de prensa este 18 de septiembre, representantes del Comité presentaron la resolución del juez José Antonio Intriago, que admite una acción de protección y ordena la suspensión provisional de la directiva de Garcés.
La medida cautelar establece:
Suspensión inmediata del oficio del Ministerio de Trabajo que había legalizado la directiva de Garcés.
Protección de las cuentas bancarias, con notificación al SRI, Superintendencia de Bancos y entidades financieras para impedir cualquier movimiento de fondos.
Prohibición de modificar firmas y representación legal hasta que se resuelva de fondo la acción de protección.
“Todo lo que hagan en la actualidad es ilegal, porque ya existe un pronunciamiento judicial que suspende esa directiva”, afirmó Juan Vargas, dirigente del Comité.
Contrato de botas bajo la lupa
El caso también involucra un contrato para la compra de botas dieléctricas, valorado en más de USD 552.000, que la directiva de Garcés asegura haber gestionado con fondos del Comité. Los actuales dirigentes, sin embargo, sostienen que fue una maniobra para justificar transferencias irregulares hacia organizaciones vinculadas al propio Gómez.
Amado Morales, representante de los jubilados, indicó que parte del calzado ya se encuentra en Quito y será entregado próximamente. “Este proceso se está cumpliendo, pero rechazamos que se nos haya señalado como si aquí existiera un desfalco. La Fiscalía no encontró nada irregular”, aseguró.
Un conflicto sindical en escalada
El Comité sostiene que la directiva de Garcés fue inscrita de manera irregular el 9 de agosto, apenas dos semanas después de que la Asamblea Nacional de Delegados eligiera a la dirigencia encabezada por Luis Lapo, secretario general del Comité de Empresa. Denuncian que en esa inscripción se habrían usado documentos y firmas sin autorización, lo que motivó la acción de protección aceptada por la justicia.
Con la resolución del juez, la disputa sindical entra en una nueva etapa. Mientras la Fiscalía continúa investigando los fondos, la directiva reconocida por la Asamblea recupera el control legal, poniendo en duda la legitimidad de las acciones promovidas por Garcés, incluido el allanamiento.
Fuente: cortesía