En un movimiento histórico de unidad política, partidos de diferentes espectros ideológicos en Ecuador han unido fuerzas para defender la independencia y la autoridad del Tribunal Constitucional. La coalición incluye tanto a fuerzas progresistas como el Partido Socialista Ecuatoriano; y conservadoras como el PSC y CREO, lo que refleja una amplia preocupación por preservar el Estado de derecho en el país.
La alianza surgió en respuesta a los intentos del presidente Daniel Noboa de eludir al Tribunal Constitucional para convocar una consulta popular que podría cambiar la estructura política del país. Líderes de diversos partidos expresaron su preocupación por el impacto de estas acciones en la democracia ecuatoriana.
Galo Almeida, presidente del Centro Democrático, afirmó que, dada la situación, sería más apropiado «sancionar la pena de muerte y convocar nuevas elecciones», sugiriendo que la actual crisis institucional podría resolverse mediante un proceso democrático legítimo. Su declaración refleja la seriedad con la que la oposición ve las acciones del Gobierno.
Anita Galarza, exlegisladora y miembro de la oposición, calificó los intentos de eludir a la Corte Constitucional como un «golpe de Estado», enfatizando que tales acciones socavan el orden constitucional y el equilibrio de poder en el país.
Además, organizaciones sociales y ciudadanas convocaron a una sentada frente al Consejo Nacional Electoral en Quito, con el lema #EcuadorEnDictadura, en protesta contra lo que consideran prácticas autoritarias del Gobierno. El movimiento busca visibilizar la creciente falta de respeto a las instituciones democráticas.
La comunidad internacional también expresó su preocupación. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, advirtió que convocar la consulta popular sin la revisión previa de la Corte Constitucional «socava el Estado de derecho, debilita el sistema de pesos y contrapesos y erosiona las garantías contra el abuso de poder».
Ante este panorama, la Corte Constitucional de Ecuador se mantiene firme en su misión de proteger la Constitución y los derechos de los ciudadanos, mientras que la sociedad civil y los partidos políticos continúan movilizándose en defensa de las instituciones democráticas.