La Fiscalía plantea que se reconsideren las medidas distintas a la prisión tanto para el alcalde de Guayaquil como para un exgerente de una compañía vinculada. El Tribunal decidió suspender la audiencia hasta horas de la tarde.
La Fiscalía General del Estado solicitó este lunes 29 de septiembre de 2025 la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de un exgerente de una de las empresas relacionadas con el proceso, dentro del Caso Triple A, que indaga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados en el país.
La petición se formuló durante la audiencia de revisión de medidas cautelares instalada en la mañana en el Complejo Judicial Norte de Quito. De acuerdo con el fiscal a cargo, ambos implicados incumplieron con la obligación de presentación periódica que se les había impuesto.
Alvarez señaló el pasado 17 de septiembre que no acudió a su citación de la Fiscalía del 1 de septiembre porque ese día se trasladó a Quito para participar en una reunión de seguridad organizada por la Cancillería y el Ministerio del Interior, a propósito de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Añadió que “si lo quieren encarcelar que lo hagan” y calificó el proceso como una persecución.
Caso Triple A
Este proceso involucra a seis empresas y a 16 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil. La indagación se centra en el supuesto desvío de combustibles subsidiados, lo que habría causado un perjuicio económico millonario al Estado ecuatoriano, según la Fiscalía.
La investigación comenzó en 2023. En julio de 2025, un juez resolvió llamar a juicio tras determinar que había suficientes indicios para continuar con la causa penal. Se dispuso el uso de grillete electrónico para Alvarez, quien ha denunciado una presunta persecución política.
Junto con Alvarez, la Fiscalía también busca que se revise la medida cautelar de José C., exgerente y contador de una de las compañías investigadas, a quien se atribuye un papel relevante en la administración financiera de la red empresarial señalada. La acusación sostiene que, a través de estas estructuras, se desviaban combustibles regulados hacia posibles canales ilegales de distribución.
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