Colectivos de jubilados sostienen que la normativa busca privatizar la seguridad social. El proyecto ya fue publicado en el Registro Oficial y se convirtió en la quinta ley de carácter económico urgente impulsada por el Gobierno.
La Ley de Sostenibilidad y Fortalecimiento Crediticio, aprobada por la Asamblea y vigente desde el 1 de octubre, acumula demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) presentadas por gremios de jubilados y sindicatos en Ecuador.
Este miércoles 8 de octubre fue el turno del ‘Frente Nacional por un Nuevo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)’, una organización que reúne a jubilados del sector público y privado.
Luis Mazón, miembro de este colectivo, afirmó que se oponen a la venta de cartera vencida a entidades financieras privadas. «Eso significa privatizar la Seguridad Social, además de que se pretende usar los fondos del IESS para financiar el presupuesto del Estado de 2025 y 2026», señaló. La propuesta ingresó a la Asamblea con carácter de económica urgente y fue aprobada el 26 de septiembre con votos de Acción Democrática Nacional (ADN), algunos independientes y parte de los exPachakutik.
Sobre la ley, el catedrático Augusto de la Torre comentó a que el problema central es la confusión sobre la verdadera naturaleza de un fondo de pensiones y el papel que debe desempeñar el Biess.
El experto, quien coordinó en 2023 la comisión de reforma del sistema de pensiones del IESS, indicó que la única deuda que debería tener el Biess es la de pagar las pensiones de los jubilados, por lo que asumir nuevas obligaciones carece de sentido.
Por su parte, Henry Llanes, presidente del Frente, advirtió que la vigencia de la ley pone en serio riesgo de colapso al IESS.
«Obligar al Banco del IESS a endeudarse es algo terrible. Tendrá que garantizar millones de dólares en activos: es una locura», afirmó Henry Llanes, dirigente de los jubilados.
La UNE se opone
El 7 de octubre, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y jubilados del magisterio acudieron a la Corte Constitucional con el mismo propósito: presentar una demanda de inconstitucionalidad.
Alfonso Yánez Montero, representante de los profesores retirados, aseguró que detrás de esta normativa estaría la intención del Gobierno de usar recursos del IESS para financiar su funcionamiento.
Por ello, la UNE solicitó a la Corte que revise la disposición constitucional que establece que los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no pertenecen al fisco.
Varias organizaciones han anunciado que presentarán más demandas contra esta ley en los próximos días. Mientras tanto, la Corte Constitucional aún no ha informado si ha admitido estas acciones.
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