El nuevo Consejo de la Judicatura lleva 12 días en funciones y ha aprobado cuatro resoluciones por unanimidad. La primera controversia surgió con el nombramiento de Carlos Alarcón como fiscal general subrogante. Wilson Toainga, quien asumió la Fiscalía en mayo tras la salida de Diana Salazar, consultó a la Procuraduría quién debía reemplazarlo en caso de ausencia. Cinco días antes de esa consulta, la Asamblea había posesionado a los nuevos vocales de la Judicatura, presidida nuevamente por Mario Godoy, señalado por su cercanía con el Gobierno.
El 2 de octubre, la Procuraduría determinó que la Judicatura debía nombrar al fiscal subrogante. Al día siguiente, el organismo designó a Alarcón, decisión que generó dudas por su presunta afinidad con el presidente Noboa. Alarcón ha llevado casos sensibles vinculados indirectamente con Noboa, como “Nene”, “Seguros–Petroecuador” y “Triple A”. Godoy defendió su designación asegurando que era “el mejor perfil” de la lista de elegibles.
Además de esta decisión, el Consejo aceptó la renuncia de Fabián Fabara como juez provincial, extendió nombramientos en Portoviejo y aprobó la Proforma Presupuestaria 2026. Todas las resoluciones se tomaron por unanimidad. Con una mayoría fortalecida, Godoy enfrenta pendientes acumulados y retos claves para el sistema judicial, aunque persiste la preocupación por posibles influencias políticas en una justicia ya debilitada.
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