La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un balance sobre los acontecimientos registrados en Ecuador durante el paro convocado por la Conaie, instando a las autoridades a establecer un diálogo “para resolver los conflictos sociales pendientes”.
El organismo permanece vigilante frente a la situación, que este 14 de octubre cumple 23 días, y destacó la intervención del Gobierno en Imbabura. A través de un comunicado, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalaron que “permanece atenta ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el Paro Nacional en Ecuador”.
En su informe, la CIDH repasó los hechos ocurridos desde el 15 de septiembre: las manifestaciones de organizaciones indígenas y colectivos, así como el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. “Durante las movilizaciones la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta”, detalló.
La Comisión también rechazó el asesinato del comunero kichwa Efraín Fuerez, ocurrido el 28 de septiembre en Cotacachi, actualmente investigado por la Fiscalía. “Hasta la fecha, según reportan algunas organizaciones, se registraron al menos 100 personas heridas; 100 detenciones, 12 personas desaparecidas; así como 12 personas procesadas por supuestos actos de terrorismo”, informó.
“El Estado denunció ataques contra agentes estatales, incluyendo un convoy humanitario y advirtió que el crimen organizado se ha infiltrado en las manifestaciones”, añade el comunicado, que también menciona el ataque a la caravana presidencial en Cañar.
CIDH exhorta al Estado a investigar las denuncias
“La Comisión exhorta al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial y diligente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y a juzgar y sancionar a las personas funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos”, señaló. Asimismo, “insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes”.
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