A finales de noviembre de 2025, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no logra conformar la Comisión Ciudadana de Selección, paso indispensable para iniciar el concurso que definirá al nuevo Fiscal General del Estado. El proceso acumula más de siete meses de retraso desde que terminó el período de Diana Salazar en abril, generando una prolongada inestabilidad en la Fiscalía.
Tras la salida de Salazar y la renuncia de Wilson Toainga, el cargo está en manos del fiscal subrogante Carlos Leonardo Alarcón, quien debe sostener casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado mientras se demora la designación de una autoridad titular.
El CPCCS prevé que, si se cumplen los plazos, el nuevo Fiscal podría ser nombrado en mayo de 2026, aunque las demoras ponen en duda esa meta. La conformación de la Comisión avanza lentamente, con 38 postulantes en carrera y un proceso que exige paridad de género y sorteo público para definir a sus integrantes.
Mientras tanto, Alarcón enfrenta una agenda cargada con expedientes de alto impacto, como los casos Metástasis, Purga, Sinohydro y otros procesos de corrupción que mantienen a la Fiscalía bajo presión.
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