La red internacional de ciudades advirtió sobre posibles impactos en la democracia y en el derecho a la participación política dentro del proceso electoral ecuatoriano.
Mercociudades manifestó su preocupación por la judicialización de la actividad política de los gobiernos locales en Ecuador, al considerar que recientes decisiones judiciales podrían afectar la participación de determinados actores en las próximas elecciones seccionales.
Mediante un comunicado difundido el 4 de junio de 2026, la organización recordó que ya había alertado en marzo sobre una serie de procesos que, a través de instancias judiciales, podrían derivar en la exclusión de algunos dirigentes políticos de la contienda electoral.
La postura de Mercociudades surge en medio de diversas acciones judiciales y electorales que involucran a alcaldes de algunas de las ciudades más importantes del país.
En el caso de Cuenca, el alcalde Cristian Zamora denunció públicamente presuntos intentos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender sus derechos políticos tras decisiones de primera instancia. Además, agradeció el respaldo expresado por la red internacional. Su administración también fue objeto de allanamientos por parte de la Fiscalía en meses anteriores.
Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta investigaciones penales y una orden de prisión preventiva dentro de los casos denominados Triple A y Goleada, situación que se desarrolla en un contexto preelectoral.
En Esmeraldas, el alcalde Vicko Villacís fue detenido durante un operativo por una investigación relacionada con presunto lavado de activos. Diversas figuras políticas, entre ellas Luisa González y la asambleísta Paola Cabezas, han señalado que el proceso podría tener motivaciones políticas destinadas a apartarlo de la competencia electoral.
A estas críticas se sumó el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien cuestionó el uso de procesos judiciales para impedir la participación de candidatos que cuentan con respaldo ciudadano.
Ante este escenario, Mercociudades hizo un llamado a garantizar el respeto al debido proceso, la seguridad jurídica, la institucionalidad democrática y la autonomía de los gobiernos locales.
Asimismo, la organización reafirmó su defensa de la separación de poderes como un principio fundamental para proteger los derechos de la ciudadanía y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema democrático.