La Corte Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, lo que provocó el rechazo de funcionarios del Gobierno y de la bancada de ADN.
Este nuevo revés para el Ejecutivo en la Corte generó inconformidad en autoridades estatales y en legisladores de ADN, quienes cuestionaron la decisión de declarar inconstitucionales dichas normas.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se pronunció en X criticando a la Corte y resaltando la necesidad de una Asamblea Constituyente, cuya consulta está prevista para el 13 de noviembre.
“Le quitaron al pueblo las herramientas para enfrentar a las mafias, narcos y corruptos. Derribaron leyes diseñadas para la seguridad de los ecuatorianos, dejándolos desprotegidos y asegurando impunidad”, expresó.
Sobre la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte determinó que mezclaba materias económicas, penales y de seguridad, además de usar de manera indebida el procedimiento de urgencia económica.
Respecto a la Ley de Integridad Pública, señaló que incumplía los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
“Anunciaron la suspensión de estas leyes bajo el lema ‘protegemos derechos’; son los de los delincuentes y los suyos. Hoy más que nunca, vamos a la Constituyente”, agregó Rovira.
El ministro del Interior, John Reimberg, también mostró su descontento: “La impunidad y la corrupción no pueden seguir marcando nuestro presente y futuro con estructuras jurídicas que encubren y protegen más a los criminales que a los ciudadanos honestos”, manifestó.
Fuente: cortesía