Luis Miño, exdirector de Responsabilidades de la Contraloría y quien permanecía prófugo, decidió colaborar con la Fiscalía y entregó un testimonio anticipado. En su declaración aseguró que el excontralor Pablo Celi lo habría presionado para que, en apenas 24 horas y sin revisión técnica, se eliminara una glosa millonaria.
El denominado caso Celu, que investiga un presunto delito de tráfico de influencias vinculado al desvanecimiento de una glosa multimillonaria a favor de una operadora de telefonía celular dentro de la Contraloría General del Estado, tomó nuevo impulso tras la captura de Miño el 1 de diciembre de 2025.
Según su relato, el 28 de junio de 2019 Celi lo convocó a su despacho en Quito y, en presencia de otros funcionarios, le ordenó verbalmente llevar el expediente de responsabilidad civil contra la telefónica. Miño afirmó que el contralor dispuso la eliminación inmediata de la glosa, cuyo valor superaba los 111 millones de dólares, bajo el argumento de que no existía perjuicio económico para el Estado.
El exfuncionario reconoció que, por la premura de la orden, no pudo revisar el informe técnico que sustentaba la decisión. Aún así, firmó como revisado el expediente junto a otro funcionario, Hans C., y finalmente la resolución fue rubricada por Celi. Miño añadió que se sintió coaccionado, pues temía perder su puesto si se negaba a cumplir la disposición.
Meses después, en noviembre de 2019, se le pidió nuevamente el expediente, pero aseguró que el documento físico ya no pudo ser localizado.
El origen de esta investigación se remonta a 2021, cuando la entonces fiscal general Diana Salazar reveló que, además del caso Las Torres por el cual Celi fue condenado a 13 años de prisión por delincuencia organizada existían indicios de otras glosas desvanecidas con el mismo patrón. Entre las pruebas figuraban chats y testimonios de exfuncionarios que señalaban órdenes directas del contralor.
Uno de esos elementos fue la transcripción de una conversación entre Celi y la exfuncionaria Daisy G., quien mencionó que había desvanecido glosas por pedido suyo. Otro testigo, Nelson V., aseguró que Celi le ordenó elaborar el proyecto de desvanecimiento de la responsabilidad civil de 111 millones vinculada a la banda ancha de la operadora.
El caso avanzó a etapa penal el 25 de junio de 2024, cuando la Fiscalía formuló cargos por tráfico de influencias contra Celi, Miño y Hans C. Durante la audiencia se expuso que la telefónica presentó informes de consultores contratados por ella misma para justificar que la glosa no era aplicable, aunque estos documentos no tenían validez certificada.
Nelson V. relató que, tras negarse a eliminar la glosa, fue removido de su cargo y posteriormente desvinculado de la Contraloría. La Fiscalía sostuvo que las órdenes se canalizan desde Celi hacia Miño y de allí a los subalternos. El juez dictó arresto domiciliario para Celi y prisión preventiva para Miño, además de medidas cautelares sobre sus bienes.
La operadora, por su parte, ha sostenido que no tuvo participación en la definición de las condiciones económicas ni técnicas del contrato de espectro, pues estas fueron determinadas por el Estado. Señaló que la Contraloría desestimó la glosa inicial tras la presentación de pruebas validadas por expertos internacionales. Sin embargo, hasta el 4 de diciembre de 2025 la empresa no emitió un pronunciamiento oficial sobre el testimonio de Miño.
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