La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó este viernes 26 de junio de 2026 la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La decisión se tomó durante una sesión virtual de poco más de 15 minutos y fue aprobada por unanimidad con los 10 votos de los legisladores presentes, entre ellos representantes de las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana.
La interpelación fue presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, quienes sostienen que la exfuncionaria habría incumplido sus funciones al no ejercer un adecuado control sobre los procesos de contratación de las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Estos contratos forman parte de las investigaciones del denominado caso Apagón, relacionado con la crisis energética y actualmente bajo indagación de la Fiscalía.
Los legisladores argumentan que Manzano permitió la continuidad de desembolsos económicos a las contratistas pese a que ya existían presuntos incumplimientos detectados durante la ejecución de los contratos.
Uno de los aspectos que marcó la jornada fue el respaldo del oficialismo al inicio del proceso. La asambleísta de ADN, Ana Belén Tapia, presentó la moción para calificar la solicitud, señalando que esta cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente, una postura distinta a la adoptada por el bloque oficialista en ocasiones anteriores.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, afirmó que el trámite se desarrollará con base en las pruebas que presenten las partes involucradas y no por presiones políticas. “Esta comisión no trabaja con base en chismes, cuentos y no trabaja por presión ni relatos falsos”, manifestó durante la sesión.
Con la calificación aprobada, la comisión deberá definir el cronograma para la sustanciación del juicio político. A partir de ahora se abre un plazo de 15 días para que los asambleístas interpelantes presenten sus pruebas de cargo y la exministra Inés Manzano entregue sus argumentos y pruebas de descargo.
Concluida la etapa probatoria, la Comisión de Fiscalización elaborará un informe que será enviado al Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que decidirá si procede o no el enjuiciamiento político de la exfuncionaria.