La propuesta legal que será sometida a votación el 15 de febrero de 2024 por la Asamblea surge de la consolidación de 38 proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este proceso ha estado en curso por más de tres años y comprende un total de 87 artículos.Sin embargo, durante este prolongado proceso y a pocos días del debate final, el grupo político correísta solicitó la inclusión de una modificación controversial.
El 19 de enero de 2024, durante la elaboración del informe para el segundo debate por parte de la Comisión de Justicia, José Agualsaca, asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC), presentó dos observaciones para ser incorporadas en el texto final de la reforma.
Agualsaca propuso una redacción alternativa para el artículo 658 del COIP, que aborda la procedencia de un recurso para revisar una sentencia, así como una disposición general sobre la aplicación de dicho artículo. Ambas sugerencias fueron respaldadas por unanimidad en la Comisión de Justicia y se incluyeron en el texto para el segundo debate. La decisión sobre su ratificación o rechazo recae en el Pleno, y además, el presidente Daniel Noboa podría modificar este texto mediante un veto.
Entre los cambios propuestos, la Asamblea podría añadir dos nuevas causales para la procedencia de un recurso de revisión en el COIP. La primera, si se verifica que los fundamentos de la sentencia se establecieron mediante vicios de procedimiento o violaciones al debido proceso. La segunda, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas detecten violaciones a los derechos humanos o errores procesales en las sentencias.
Cabe destacar que, para estas nuevas causales, no sería necesario que el sentenciado presente pruebas nuevas, ya que la disposición general propuesta por Agualsaca establece que la Corte Nacional debería actuar “de oficio y sin demora” en la revisión del fallo.
El penalista Pablo Encalada señaló que el cambio propuesto en relación con la CorteIDH carece de sentido, dado que las decisiones de este organismo ya son de cumplimiento obligatorio para Ecuador. Sin embargo, Encalada expresó su preocupación por la posible inclusión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ya que este organismo no posee el mismo estatus que una corte internacional.
La Fiscalía también emitió un comunicado oficial señalando que no se puede equiparar a la CorteIDH con comités internacionales y que se estaría irrespetando la institución de la cosa juzgada.
Algunas bancadas legislativas, como las de Construye y el Partido Social Cristiano (PSC), junto con varios abogados, han advertido sobre los riesgos de aprobar esta reforma al recurso de revisión. Temen que se esté allanando el camino para favorecer al expresidente Rafael Correa, quien actualmente tiene una sentencia de ocho años de cárcel por el caso Sobornos y se encuentra prófugo de la justicia.
Desde el inicio del proceso, Correa ha denunciado presuntas violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos, manifestando su intención de recurrir a instancias internacionales.
A principios de 2021, durante la campaña presidencial, Andrés Arauz afirmó que, en caso de asumir la presidencia, no otorgaría un indulto a Correa. La intención era que la sentencia fuera sometida a revisión, considerando los pronunciamientos de organismos como la CorteIDH o el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Adicionalmente, en diciembre de 2022, después de que Argentina concediera asilo a María de los Ángeles Duarte, también condenada en el caso Sobornos, Paola Pabón, prefecta de Pichincha y una de las principales líderes del correísmo, brindó detalles sobre las próximas acciones. Durante una entrevista en radio Sonorama, la funcionaria expresó que el asilo “refleja el reconocimiento internacional de que esos procesos se llevaron a cabo al margen de la ley y no respetaron el debido proceso”.
Motivada por esta razón, Pabón anunció la intención de presentar el caso Sobornos ante la ONU, con el objetivo de obtener una declaración de violación de los derechos de los condenados. Según Pabón, este enfoque sigue el mismo camino que tomó Lula Da Silva, expresidente de Brasil, para anular las sentencias por corrupción en su contra y permitir su retorno al poder.