El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la tarde de este jueves 29 de febrero, con cinco votos a favor y uno en contra, el proyecto económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo, también conocido como Ley de Turismo.
El proyecto de ley irá a la Comisión de Desarrollo Económico, donde Valentina Centeno (ADN), del oficialismo, es la presidenta. Esta Comisión deberá elaborar un informe que pasará a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Uno de los artículos que contiene esta ley es la reducción de impuestos a festivales y conciertos para promover el turismo, según explicó el ministro del ramo, Niels Olsen.
También plantea:
Reducir tasas e impuestos para atraer más aerolíneas y lograr que los boletos bajen de precio
Elimina impuestos a los pagos de artistas internacionales para que los mejores conciertos lleguen a Ecuador (incluido TS)
Habilita la figura de Guía-Driver
Crea un fondo permanente para lograr que la promoción del país sea consistente y estratégica
Da alivio financiero para las empresas de turismo que lo necesiten
La Asamblea tiene 30 días desde el envío del proyecto, que fue el 23 de febrero, para tramitarla. De no cumplir con el plazo, el documento entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley.
Noboa ha enviado cuatro proyectos económicos con carácter de urgente
La Ley de turismo se trata del quinto proyecto económico urgente que Noboa envía a la Asamblea. Todos han sido favorables para el Primer Mandatario.
El primer proyecto en recibir el visto bueno de la Asamblea fue el de Eficiencia económica, aprobado el 19 de diciembre del 2023.
Le siguió la ley de competitividad energética, aprobada el 10 de enero del 2024.
La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, que incluye el IVA permanente al 13% y al 15% cuando el Presidente lo requiera, también le fue favorable con el veto.
Y el 8 de febrero se aprobó por unanimidad el proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos, conocida también como ley orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública.