En una entrevista con EFE, la fiscal general Diana Salazar afirmó que una considerable porción del Estado ha sido infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico. Esta situación, reconocida previamente por el presidente Daniel Noboa como un «conflicto armado interno», ha llevado al país a ser catalogado entre los más violentos de América Latina debido a la escalada criminal.
Salazar señaló el caso Metástasis, revelado a finales de 2023, como un ejemplo de esta infiltración. Este caso expuso una presunta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria en favor de estructuras criminales, descubierta a través del teléfono celular del presunto narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 en la cárcel de Latacunga.
La fiscal general describió: «Metástasis» es una clara radiografía de cómo la delincuencia organizada ha permeado muchas instituciones del Estado. En esta causa tenemos procesados de la Corte Nacional y cortes provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Policía Nacional, de la misma Fiscalía, abogados, particulares y más, todos ellos trabajando a cambio del dinero del ‘narco’.
En los últimos meses, Salazar ha denunciado amenazas de muerte y un plan para atentar contra su vida, situación similar a la vivida por el fiscal César Suárez el 17 de enero, encargado de investigar casos criminales de alto perfil, incluida la toma del canal TC Televisión por un comando armado.
A pesar de los riesgos, Salazar, conocida como la «dama de hierro», mantiene la esperanza y sostiene que, como fiscal general, enfrenta un riesgo personal considerable al desafiar a los delincuentes. Ella destaca: «Estamos haciendo nuestro trabajo para salir de este momento tan difícil (…), las personas que no hemos sido tomadas por el narcotráfico somos la mayoría en las instituciones del Estado; si actuamos de manera articulada, sacaremos al país de esto».
Tras el asesinato de varios fiscales por bandas criminales, todos los funcionarios del ministerio público que solicitan seguridad ahora la tienen para sentirse respaldados en la persecución de delitos. Respecto a las víctimas y testigos, Salazar reconoce la emergencia en el sistema de protección debido a la falta de recursos, pero subraya el compromiso de salvaguardar la vida e integridad de las personas en los procesos penales.
Ante las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, Salazar enfatiza que nadie está por encima de la ley, y la Fiscalía investiga todos los hechos. Agradece el apoyo internacional y destaca la cooperación fortalecida con otros países para enfrentar el crimen organizado transnacional. La fiscal concluye resaltando la necesidad de la colaboración entre Estados para combatir una criminalidad que no conoce fronteras, ejemplificando con la reciente operación conjunta entre Ecuador y España contra la mafia albanesa.