La fiscal Diana Salazar señaló al exasambleíast Pablo M. y la expresidenta de la Corte del Guayas, María Fabiola G. como dos de los tres líderes de una estructura criminal que dominaba el sistema de justicia en Guayas.
Con eso inició su exposición en la audiencia de formulación de cargos por el caso Purga.
Según la Fiscalía, el exlegislador habría financiado la campaña y operatividad de María Fabiola G.
Además, Pablo M. y su esposa se habrían beneficiado de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi USD 4 millones del Banco del Pacífico. Esto por un préstamo solicitado el cual no pagaron, pero después demandaron al banco argumentando que sí lo habían hecho.
También, “utilizando su poder político habría logrado que se archiven cuatro sumarios administrativos abiertos en contra de María Fabiola G. en 2023.
Entre las acusaciones, la Fiscalía señaló la acción de protección que permitió que Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla del grupo de delincuencia organizada, los Choneros, para regresar a la cárcel Regional de Guayaquil. Esto después de su traslado a la Roca, un centro de máxima seguridad.
“Fito encontró en esos miembros (jueces) sus aliados para beneficiarse con decisiones judiciales de la Corte del Guayas”, manifestó la Fiscal.
‘Fito’ apeló la decisión del traslado y fue aceptada por lo que regresó a la Regional en donde, según Salazar, él lo controlaba todo. Entonces, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) apeló esa resolución.
En este punto, María Fabiola, G. habría contactado al mismo ‘Fito’. Todo con el objetivo de ofrecerle el beneficio de la decisión judicial ya que era parte del Tribunal que conocería la causa. Pero, en diciembre pasado, ocurre el operativo por el caso Metástasis y Mayra Salazar alerta a María Fabiola G. sobre la información que existe en los teléfonos sobre ella.
La conexión entre ambos casos es Mayra Salazar. Ella es procesada en el caso Metástasis por su vinculación a la estructura criminal liderada por el asesinado narcotraficante, Leandro Norero.
Según la Fiscalía, el exasambleísta Pablo M. pagaba USD 2.500 mensuales por los servicios de relacionista pública de Salazar en la Corte Provincial del Guayas.
“La contratación de Salazar estaba destinada a instrumentalizar una dinámica delictiva para controlar decisiones judiciales”, manifestó la Fiscal. En un punto, con la llegada del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se logró que Pablo M. ya no pagará los servicios de Salazar sino que sea el mismo sistema de Justicia.
Cerca de las 21:00 de este 4 de marzo de 2024, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de 12 personas detenidas por el caso denominado Purga. Exjueces y un exasambleísta está n vinculados por el presunto delito de delincuencia organizada.
En su cuenta de X, la Fiscalía señaló: “con la presencia de la fiscal general Diana Salazar, se instala la audiencia de formulación de cargos contra el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola G., y 10 personas más por presunta delincuencia organizada”.
Esta mañana, La fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó que la madrugada de este lunes, 4 de marzo del 2024, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, se desarrolló un operativo desprendido del caso Metástasis.
Forman parte de la estructura el exasambleísta Pablo M., así como la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, María Fabiola G. Se suma personal del Consejo de la Judicatura de la misma provincia. La Fiscal General ya había informado que se formularía cargos en contra los aprehendidos en el operativo.
Durante la tarde fueron trasladados a Quito los 11 detenidos en la provincia de Guayas. Uno más fue detenido en Pichincha.