La Fiscalía investiga el cometimiento de otros delitos graves como tráfico de influencias, cohecho, prevaricato.
Así como en el caso Metástasis, la fiscal general, Diana Salazar, anunció, cuando formulaba cargos contra los 31 iniciales procesados por delincuencia organizada, que se darían nuevas vinculaciones, porque no estaban todas las personas sobre las que había sospechas; en el caso Purga, por varias ocasiones, durante la audiencia de formulación de cargos del 4 de marzo pasado, la titular de la Fiscalía y quien inicialmente investiga a doce involucrados aseguró que ‘esto solo era el principio’.
Uno de esos señalamientos lo hizo Salazar, por ejemplo, cuando relataba las supuestas irregularidades cometidas por jueces del Guayas en una acción de protección con medidas cautelares planteada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito, por un contrato de repavimentación en el que estaban en juego $ 30 millones.
“Una entidad pública favoreciendo a un grupo de delincuencia organizada dentro de la administración de justicia. Y es que esto no queda ahí, también con la participación de la exvocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ) y que renunció hace un par de días (se referiría a Elcy Celi). Ella fue la operadora en este caso. Porque como se puede ver, se van mencionando personas que todavía no han sido vinculadas en esta investigación”, sostuvo la fiscal general.