El exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, continuará en prisión mientras se desarrollan las investigaciones en el caso Purga. Así lo determinó el juez encargado del caso tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por ocho imputados por delincuencia organizada.
La audiencia, que se reanudó el 11 de septiembre, culminó con la decisión del magistrado de rechazar la solicitud de revisión para siete de los procesados, incluido Muentes, ratificando su prisión preventiva. En el caso de Ruth Solano, exdirectora jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se le ordenó presentarse periódicamente y se le prohibió salir del país.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, representó al Ministerio Público en lugar de la fiscal general Diana Salazar, quien no asistió a la audiencia.
La defensa de Muentes había solicitado que se le permitiera defenderse en libertad, alegando su delicado estado de salud y pérdida de peso, proponiendo arresto domiciliario. Sin embargo, el juez negó la solicitud.
Muentes, junto a otros involucrados en el caso Purga, es investigado por su supuesta vinculación en un esquema de delincuencia organizada que presuntamente favoreció al narcotráfico. Las investigaciones sugieren que se habrían manipulado poderes legislativos y judiciales para beneficiar a líderes del crimen organizado.