Cinco meses después de que el Gobierno denunciara posibles irregularidades en dos contratos de delegación de radares para la red vial estatal, otorgados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la situación sigue sin resolverse. Los consorcios encargados de los radares han iniciado un proceso de arbitraje debido a la suspensión de sus contratos.
Los contratos, adjudicados en julio de 2023 bajo el gobierno de Guillermo Lasso a los consorcios Seviecu y Ecutransit, incluían la instalación de 232 radares para control de velocidad y emisión de multas en el país. Sin embargo, en junio de 2024, el Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, denunció irregularidades, lo que llevó a la suspensión de los contratos. Hasta ese momento, Seviecu había instalado tres radares y Ecutransit, 36.
Los consorcios han defendido la legalidad de los contratos, respaldados por un informe de la Procuraduría que confirma la validez del proceso de adjudicación, y ahora exigen que la CTE se responsabilice por sus acusaciones.
Pedro Maldonado, gerente de Seviecu, declaró que la suspensión fue «arbitraria» y sin base legal, lo que los llevó a activar una cláusula de solución de controversias en el contrato. Como la CTE no se presentó a la mediación inicial, el caso avanzó a arbitraje, donde podría derivar en una indemnización estatal para el consorcio por incumplimiento.
Justicia Vial, liderada por Guillermo Abad, también presentó una acción de protección el 26 de septiembre de 2024, solicitando la reactivación de los radares y la suspensión de la terminación de convenios con gobiernos autónomos para su uso. Abad destacó el aumento de accidentes de tránsito y la falta de políticas públicas efectivas para reducir estos incidentes. Argumenta que los radares son esenciales para mejorar la seguridad vial, ya que ayudan a reducir siniestros y mantener el respeto de los límites de velocidad.
La acción busca asegurar el funcionamiento de los radares, mantener los controles de velocidad, y que los gobiernos locales puedan seguir utilizándolos en sus jurisdicciones.