Con un riguroso e imponente despliegue de seguridad se reinstaló este martes la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. La diligencia, que tuvo lugar en el auditorio del Complejo Judicial Norte de la capital, avanzó de forma clave luego de que el juez de la causa desestimara los vicios de procedimiento alegados por las defensas y declarara la total validez de todo lo actuado dentro de la instrucción penal.
Previo a declarar la validez del proceso, la autoridad judicial resolvió desechar un recurso presentado por las hijas del político fallecido, quienes pretendían excluir de la acusación particular a Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio. Al no dar paso a dicha solicitud, el magistrado ratificó la personería jurídica de Sarauz en el proceso y, tras un breve receso técnico, dio luz verde para que la Fiscalía General del Estado expusiera de manera formal su dictamen acusatorio.
La fiscal asignada al caso, Ana Hidalgo, sustentó la acusación penal dirigida contra siete personas procesadas en calidad de autores directos, coautores o cómplices del crimen. Durante su intervención ante los tribunales, la funcionaria sostuvo firmemente que la institución cuenta con los suficientes «elementos de convicción» para demostrar la vinculación directa de los sospechosos con operadores políticos y complejas estructuras criminales.
Según las investigaciones fiscales, estos grupos coordinaron de forma milimétrica tanto la planificación logística como la ejecución material del atentado que cobró la vida del presidenciable a la salida de un mitin político [83182.jpg].
La audiencia preparatoria continúa desarrollándose bajo el resguardo de al menos una decena de agentes policiales de élite equipados con chalecos antibalas, cascos y armas largas, quienes custodian los accesos de la sala judicial para prevenir incidentes.
Se prevé que la diligencia se extienda durante las próximas horas mientras el juez evalúa las pruebas testimoniales, periciales y documentales anunciadas por el Ministerio Público para definir si los siete implicados son llamados formalmente a la etapa de juicio oral.
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