El 17 de julio de 2026, la firma estadounidense Chevron y su filial TexPet presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D. C., Estados Unidos, contra el Estado ecuatoriano.
Según el portal Primicias, el objetivo de Chevron es que se reconozca y ejecute el laudo arbitral que ordena a Ecuador pagar aproximadamente USD 224,3 millones, que incluye los daños, los intereses previos a la decisión arbitral y los recargos acumulados generados hasta el mes en que se inició la causa. Dicho laudo fue emitido en La Haya, el 17 de noviembre de 2025.
Mientras que el medio especializado Law360 dijo que la solicitud de la empresa internacional busca que la justicia estadounidense convierta el laudo en una resolución ejecutable, lo que permitiría a la compañía avanzar en el cobro de la indemnización si el Estado ecuatoriano no cumple voluntariamente con el pago.
El procedimiento corresponde a la fase de ejecución del laudo y no supone una nueva decisión sobre el fondo de la controversia.
Chevron argumenta que Ecuador aceptó el reconocimiento de este tipo de decisiones al adherirse a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, por lo que el tribunal estadounidense tiene competencia para hacer cumplir el fallo.
En su demanda, la petrolera sostiene que el denominado Laudo de la Vía III fue precedido por seis decisiones arbitrales sobre jurisdicción y fondo, todas ratificadas por los tribunales de los Países Bajos, sede del arbitraje.
Además, afirma que el laudo, de más de 1.000 páginas, fue emitido por un tribunal debidamente constituido y está respaldado por un amplio conjunto de pruebas documentales, testimonios e informes periciales, por lo que considera que no existen razones para negar su reconocimiento en Estados Unidos.
El arbitraje se deriva del prolongado litigio internacional relacionado con el caso Lago Agrio, originado por las demandas de comunidades amazónicas contra Texaco Petroleum, compañía adquirida por Chevron en 2001.
La controversia internacional surgió después de que tribunales ecuatorianos condenaran a la empresa al pago de una indemnización por daños ambientales, sentencia que Chevron impugnó y que el tribunal arbitral concluyó que fue obtenida mediante fraude.
Hasta el cierre de esta edición, Ecuador no había respondido públicamente a la nueva acción judicial presentada por la compañía.
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