El caso Purga generará incertidumbre sobre la posición que adoptará la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) respecto al juicio político tras la detención con fines de investigación de uno de sus exlegisladores, Pablo M. A.
En la madrugada del 4 de marzo de 2024, un operativo conjunto de la Fiscalía General y la Policía Nacional llevó a cabo la detención de doce personas, incluido el exasambleísta del PSC Pablo M. A., en un caso denominado ‘Purga’, que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada.
Este es el segundo político de la Asamblea mencionado en investigaciones similares, después del exasambleísta Ronny Aleaga Santos del movimiento Revolución Ciudadana (RC), vinculado al caso Metástasis, que también investiga delincuencia organizada asociada al narcotráfico.
En el Palacio legislativo, la presencia de legisladores fue mínima este lunes, mientras se esperaba una declaración de la bancada del PSC, que finalmente no se produjo. Sin embargo, el presidente del partido, Alfredo Serrano, emitió un comunicado expresando: «Nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. La justicia debe concretar y detallar sus acusaciones y pruebas. El PSC ha respetado y respeta la independencia de funciones y por coherencia no ha interferido ni interferirá en el ejercicio de las mismas. El accionar del PSC solo se compromete por los actos que son de su responsabilidad».
En la Comisión de Fiscalización y Control Político, se espera la tramitación de un juicio político contra la fiscal Diana Salazar, impulsado por el movimiento correísta de la RC. El PSC previamente había manifestado su no apoyo a la interpelación contra Salazar, destacando la importancia de respetar la independencia de funciones.
El asambleísta Lenin Rogel, del PSC, comentó con mesura sobre la detención de Pablo M. A., subrayando la necesidad de que las investigaciones respeten la independencia de funciones y recordando que nadie está por encima de la ley.
En este contexto, la posición del PSC en relación con la interpelación a Diana Salazar estará bajo escrutinio por parte de otras fuerzas políticas. Algunos legisladores de distintos movimientos han señalado la importancia de mantener la lucha contra la corrupción y esperan que el PSC ratifique su postura de no apoyar el juicio político contra la fiscal.
En diciembre de 2023, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, respaldó completamente las acciones anticorrupción de la fiscal y condenó a los malos operadores de justicia en un comunicado. Por otro lado, Vicente Taiano, coordinador de la bancada, afirmó en noviembre de 2023 que el pedido de enjuiciamiento no estaba relacionado con acuerdos para la gobernabilidad, reiterando que el PSC y sus aliados no respaldarían tal solicitud.
La observación sobre este respaldo será objeto de atención por parte de otras fuerzas políticas en el futuro cercano. María Teresa Pasquel, asambleísta de Gente Buena, recordó que el PSC se comprometió a no respaldar el juicio político, argumentando que se le consideró un procedimiento administrativo. Manifestó la esperanza de que esta postura se mantenga firme y destacó la importancia de seguir luchando contra la corrupción desde la ciudadanía.
Jorge Peñafiel, representante de Construye, elogió la actitud de la fiscal Diana Salazar, destacando que a pesar de enfrentar la interpelación, sus investigaciones en casos como Metástasis y La Purga están separadas de consideraciones políticas. Enfatizó que la fiscal demuestra un compromiso con la lucha contra la impunidad, independientemente de las implicaciones políticas de su proceso.
El movimiento Revolución Ciudadana optará por la prudencia, esperando los resultados de las investigaciones antes de hacer afirmaciones. La legisladora Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, aseguró que el proceso se basará en pruebas, y su colega Gisella Garzón será la encargada de demostrar los posibles incumplimientos de funciones en el caso de la fiscal Diana Salazar.
En cuanto a los juicios políticos pendientes, la Comisión tiene previsto llevar a cabo procesos contra los exministros de Energía y del Interior del gobierno de Guillermo Lasso, Fernando Santos y Juan Zapata, respectivamente. El pedido de interpelación contra Diana Salazar sigue en la agenda, considerando que su periodo en funciones culmina en el 2025.