La Asamblea Nacional activó dos frentes de fiscalización relacionados con las presuntas irregularidades del Caso Progen, conocido también como el “Caso Apagón”, luego de que el Pleno y la Comisión de Fiscalización alcanzaran acuerdos para avanzar en las investigaciones.
Por un lado, continúa el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, mientras que, de forma paralela, se inició una investigación para rastrear las transferencias bancarias efectuadas por la empresa Progen.
El proceso contra Manzano fue calificado por la Comisión de Fiscalización el pasado 26 de junio con el respaldo de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC). La solicitud se sustenta en un presunto incumplimiento de funciones durante la crisis energética y en la suscripción de contratos con las empresas Progen y ATM, que habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado cercano a los USD 180 millones.
Entre los principales elementos presentados dentro del expediente consta la compra de motores fabricados en 2016, cuyo costo ascendió a USD 71 millones y que han sido cuestionados por presuntamente encontrarse en condiciones inadecuadas para su utilización.
La Comisión de Fiscalización aprobó un cronograma que contempla 15 días para la presentación de pruebas y fijó el 31 de julio como fecha límite para emitir su informe. Durante esta etapa comparecerán varios exfuncionarios, entre ellos el exministro Roberto Luque y el exgerente de Celec, Fabián Calero, quienes deberán rendir su versión sobre los hechos investigados.
En paralelo, el Pleno de la Asamblea aprobó con 131 votos una resolución para investigar el destino de los recursos transferidos por Progen. La indagación busca identificar a los beneficiarios finales de aproximadamente 700 transferencias realizadas desde cuentas en Estados Unidos hacia abogados, estudios jurídicos y empresas radicadas en Ecuador.
El jefe de la bancada de ADN, Esteban Torres, aclaró que, hasta el momento, la información disponible no vincula directamente a exautoridades como Roberto Luque o Inés Manzano con la recepción de esos recursos. En ese sentido, señaló que la sola mención de un nombre dentro de la investigación no constituye una prueba de responsabilidad.
La resolución encomienda a la Comisión de Fiscalización elaborar, en un plazo de 30 días, un informe que detalle el recorrido de las transferencias y determine quiénes fueron los beneficiarios de esos movimientos financieros.
Aunque el respaldo legislativo fue unánime, existen diferencias en el enfoque de los asambleístas. Ana Cecilia Herrera, de la Revolución Ciudadana, manifestó que ambos procesos deben tramitarse de manera independiente, aunque coinciden en el propósito de transparentar la red de operaciones y establecer posibles responsabilidades políticas.
Por su parte, Ferdinan Álvarez, de ADN, reiteró que el Gobierno mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción y sostuvo que la investigación deberá centrarse en determinar el destino de los recursos y la identidad de las personas naturales o jurídicas que resultaron beneficiadas.