El Consejo de Administración Legislativa (CAL), en su sesión del 14 de enero de 2024, aprobó la calificación del proyecto económico urgente presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el propósito de abordar el conflicto armado interno y la crisis social y económica. Este proyecto contempla un aumento del 12 % al 15 % en el impuesto al valor agregado (IVA).
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, será responsable de analizar y elaborar el primer informe sobre esta iniciativa, a pesar de la recomendación no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de que el proyecto sea remitido a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.
Durante la sesión virtual, las legisladoras Viviana Veloz y Esther Cuesta plantearon que el proyecto se envíe a la Comisión de Régimen, como sugirió la UTL. Sin embargo, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Eckenner Recalde, propuso que el proyecto sea analizado por la Comisión de Desarrollo, a pesar de ser parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Ante el empate en la votación, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ejerció su voto dirimente, decidiendo que el proyecto pase a la comisión presidida por Valentina Centeno.
A pesar de la solicitud de reconsideración por parte de Viviana Veloz, la votación se mantuvo, confirmando la decisión con el voto dirimente de Kronfle. Este proyecto, que busca modificar la tarifa del IVA al 15 %, generó discrepancias políticas, ya que las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y Revolución Ciudadana (RC) expresaron su rechazo a un aumento de impuestos, aunque están dispuestas a discutir alternativas temporales para financiar la respuesta al conflicto armado interno.
El Ejecutivo propone cambios en el artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno, estableciendo una tarifa del 15 % para el IVA, pero manteniendo deducciones y exenciones tributarias. Los recursos recaudados no estarían preasignados y se destinarían a atender las obligaciones estatales, implementar planes sociales, estabilizar las finanzas públicas y hacer frente al conflicto armado interno y la crisis en Ecuador.
La Asamblea Nacional tiene plazo hasta el 10 de febrero de 2024 para tramitar este proyecto de ley.