El 26 de septiembre de 2024, el ECU 911 informó que alrededor de 16.000 cámaras de videovigilancia en Guayaquil fueron bloqueadas, lo que impide su uso para el servicio de emergencias estatal. Esta situación afecta la capacidad de respuesta ante incidentes en la ciudad y va en contra del Decreto Ejecutivo 397, el cual estipula que las cámaras municipales deben ser controladas por el ECU 911, como parte de una estrategia nacional de monitoreo y seguridad.
En respuesta al bloqueo de las cámaras, el ECU 911 presentó una denuncia ante la Fiscalía y solicitó al Municipio de Guayaquil que colabore en la solución del problema en beneficio de la ciudadanía. La institución reiteró que es la única autoridad responsable de regular y coordinar los servicios de emergencias y videovigilancia, y que el personal que trabaja en centros municipales de vigilancia debe regresar al control del ECU 911.
Ana María Ayala, directora del ECU 911, mencionó que las cámaras bloqueadas son gestionadas por Segura EP, la empresa de seguridad municipal de Guayaquil, y aunque no se conoce la razón exacta del bloqueo, reconoció que hay problemas técnicos que aún no se han resuelto. Ayala también indicó que el Decreto 397 no pretende eliminar el servicio de vigilancia municipal, sino coordinar mejor las acciones de seguridad.
En la rueda de prensa, participaron autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones, del Ministerio del Interior, y representantes de las fuerzas del orden. Los líderes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron un llamado a superar las diferencias entre el Municipio de Guayaquil y el ECU 911, para no afectar las operaciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado en la ciudad.