La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, convocó de manera urgente a la Asamblea Nacional para participar en el segundo debate del proyecto de ley energética del Gobierno, destinado a fomentar la iniciativa privada. Esta convocatoria responde al anuncio reciente de la ampliación de los cortes de luz diarios a 14 horas, con el objetivo de ofrecer soluciones efectivas y mitigar su impacto en la vida diaria de los ciudadanos. Los legisladores deben estar presentes en la Asamblea Nacional a las 09:00 del domingo 27 de octubre, ya que ese día es la fecha límite para tratar esta propuesta económica urgente según la Constitución, que otorga 30 días desde el envío de la misma. Esta medida se propone como una solución ante la grave situación energética que atraviesa el país, y busca garantizar el acceso a la energía. El proyecto de ley incluye la implementación de un fideicomiso para la administración de los recursos provenientes del sector privado en la generación de energía eléctrica. Esta propuesta es crucial para crear un marco legal seguro y atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la infraestructura energética del país. Además, se permitirá la ampliación de la capacidad instalada de generación eléctrica mediante la participación del sector privado. Esta medida no solo busca enfrentar los cortes de luz, sino también mejorar la estabilidad y eficiencia del suministro eléctrico a largo plazo, beneficiando a toda la población y fomentando el desarrollo económico.
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Daniel Noboa solicita a ministra de Energía y Minas, medidas urgentes para garantizar la preservación de la central Mazar
El presidente de la República, Daniel Noboa, envió una carta a la ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, el jueves 24 de octubre, solicitando que el Comité Asesor Permanente en Materia de Energía Eléctrica «tome decisiones inmediatas para asegurar la preservación y operatividad» de la central hidroeléctrica Mazar, que está a punto de colapsar. El oficio fue difundido en redes sociales. El Comité mencionado por Noboa fue creado el lunes pasado mediante un acuerdo ministerial firmado por Manzano. Su función principal es asesorar al Gobierno Nacional en la administración del sector eléctrico y en temas como la búsqueda de inversión privada en proyectos energéticos y el cambio de la matriz energética. El Comité está compuesto por ministros de Estado y representantes de los sectores públicos y privados, incluyendo al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y el presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Ecuador, entre otros. Aunque el jefe de Estado solicita «decisiones inmediatas» al Comité, la implementación de estas acciones corresponde al Ejecutivo. Cerca de las 20:00 del jueves, el Ministerio de Energía y Minas informó que el Comité había realizado su primera reunión. Este organismo se reunirá una vez al mes y podrá emitir informes, estudios, análisis y propuestas para proporcionar soporte técnico, económico o legal. Las recomendaciones serán aprobadas por consenso. El viernes pasado, el mandatario anunció que los periodos de apagones se reducirían en las próximas semanas. Sin embargo, esta promesa no se cumpliría debido a las condiciones climáticas alrededor del complejo hidroeléctrico Paute, en Azuay, que incluye tres centrales hidroeléctricas esenciales para el suministro de energía en Ecuador: Mazar, Paute-Molino y Sopladora. El jueves 24 de octubre, un equipo de Ecuavisa visitó el complejo hidroeléctrico y constató que la situación en Mazar era crítica. La cota mínima de operación en esta planta es de 2,115 metros sobre el nivel del mar, pero ese día se registró en 2,111 metros. Si el nivel desciende un metro más, se perdería una de las dos turbinas de la central, según advirtió el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). La gravedad en Mazar afecta directamente a Paute Molino y Sopladora. Ecuador enfrenta una crisis energética debido a su dependencia de las centrales hidroeléctricas, que constituyen el 72% de la matriz nacional. Las sequías han llevado al país a realizar apagones programados de hasta diez horas al día desde el 23 de septiembre, una situación que se espera que dure hasta enero. Foto cortesía
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su gobierno continuará gestionando …
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El exfuncionario es acusado de presunto incumplimiento de funciones por parte del legislador de la Revolución Ciudadana, José Vallejo. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el juicio político contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública durante el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, la documentación relacionada al proceso será remitida a la Comisión de Fiscalización para que inicie formalmente el trámite de sustanciación del juicio político. Vallejo motivó su denuncia en un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) de inicios de este año, que determinó que Corral era accionista de las compañías Teleamazonas Guayaquil S. A. y Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. Este último es el nombre jurídico del mismo medio de comunicación, pero en Quito. Ambas empresas mantienen contratos de concesión de frecuencias prorrogadas con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El artículo 152 de la Constitución prohíbe que «las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras» ejerzan el cargo de ministro mientras mantengan un contrato con el Estado «para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual». La CGE resolvió que la participación de Corral en la televisora impedía que ocupe ese cargo. De hecho, la CGE le impuso una multa económica y emitió un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) contra el exsecretario de la Administración Pública. Adicionalmente, Vallejo intenta llevar a juicio político a Corral porque existen «sospechas» de un supuesto enriquecimiento no justificado. Foto cortesía
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Política
Por violencia política de género, Sommerfeld denunció a Verónica Abad ante el Contencioso Electoral
La canciller Gabriela Sommerfeld ha presentado una denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género, una infracción electoral muy grave. La causa, identificada con el número 227-2024 TC, fue registrada el jueves 17 de octubre de 2024. Sommerfeld tiene un plazo de dos días, a partir de la notificación, para aclarar y completar su denuncia, según el documento en el despacho del juez electoral Guillermo Ortega Caicedo. El escrito fue ingresado el 14 de octubre. Sommerfeld se defiende de las acusaciones hechas por la vicepresidenta en diversas entrevistas, afirmando que ejecutó el Decreto Ejecutivo que la designó como embajadora durante un periodo de distanciamiento con el presidente Daniel Noboa. Sommerfeld debe presentar los fundamentos de su recurso, acción o denuncia, detallando los agravios causados y los preceptos legales vulnerados. Además, debe especificar cómo los hechos se ajustan a las circunstancias tipificadas en la norma como violencia política de género. Foto cortesía
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Política
Verónica Abad se Presenta a Audiencia por Sumario Administrativo: La Ministra de Trabajo Defiende el Proceso
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