La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció el jueves 7 de noviembre de 2024 sobre el sistema judicial de Ecuador.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe que analiza diversas problemáticas en el país.
Declaración de la ONU sobre la justicia en Ecuador
El Comité calificó como “preocupante” la corrupción que afecta al Poder Judicial ecuatoriano, generando la percepción de que el crimen organizado ha infiltrado las instituciones judiciales.
Este señalamiento forma parte de las conclusiones y recomendaciones del Comité, que se refirió a investigaciones de la Fiscalía General de Ecuador sobre sobornos a funcionarios por “estructuras criminales” para obtener decisiones favorables hacia sus miembros y familiares.
Casos como Metástasis, Plaga y Purga exponen la penetración del crimen organizado en las cortes, el Consejo de la Judicatura, personal penitenciario, fiscales, y policías, entre otros.
Además, el Comité lamenta la “escasa protección” para jueces y fiscales frente a asesinatos, ataques y otros actos de intimidación.
Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, expresó en una rueda de prensa en Ginebra que esta situación “pone en riesgo el Estado de derecho” en Ecuador, afirmando que la delicada situación del Poder Judicial y el asesinato de jueces debilitan el sistema judicial en su conjunto.
Gómez instó a combatir la corrupción desde dentro de la Judicatura, destacando que “la mayoría de los jueces no son corruptos”, pero necesitan apoyo de otros poderes del Estado para avanzar.
El Comité también expresó su alarma por la militarización de las cárceles en Ecuador y el impacto del crimen organizado en el sistema penitenciario, solicitando al gobierno que reduzca el hacinamiento y la cantidad de personas en prisión preventiva.
Otros temas
El Comité también criticó la “aparente normalización de los estados de excepción” a nivel nacional y local, que han sido renovados durante seis años. Recordó que esta medida debe aplicarse solo en “situaciones excepcionales” y advirtió que ha restringido varios derechos fundamentales de forma “considerable y desproporcionada”, como la libertad de circulación, asociación y reunión, afectando principalmente a grupos indígenas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas de bajos recursos.
Por otra parte, el Comité denunció la persistencia de un entorno de estigmatización, discriminación y violencia hacia la comunidad LGTBI y señaló la existencia de centros clandestinos que aún practican la llamada “terapia de conversión”.
En cuanto a los derechos de las mujeres, el Comité reconoció la aprobación de una ley que permite el aborto en casos de violación como un avance. Sin embargo, lamentó que el aborto continúe penalizado, salvo en situaciones específicas, y que las mujeres enfrenten obstáculos para acceder a este derecho debido a la objeción de conciencia invocada por algunos equipos médicos.
El Gobierno de Daniel Noboa envió una delegación a la sesión del Comité de la ONU, encabezada por el procurador general, Juan Carlos Larrea, y la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca.