La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, finalizará sus funciones este próximo martes 8 de abril del 2025, ya que de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período máximo permitido para su cargo es de 6 años. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Función de Transparencia y Control Social, no ha trabajado en la búsqueda del sucesor de Salazar.
La abogada penalista, Paulina Araujo, hizo un llamado a la Fiscal General para que continúe en el cargo, ya que según ella, existen casos determinantes que hay que terminar, como el caso Ligados. Explicó asimismo, que el subrogante de Salazar, Wilson Toainga, no puede reemplazarla porque también está impedido por la Ley, ya que tiene los años de función ejercidos.
Esta situación pone en un lío constitucional a la Función Judicial, ya que al no existir sucesor elegido, se puede incurrir en arrogación de funciones si Salazar continúa, lo cual, es penado. Un caso similar ocurrió con el ex Contralor Pablo Celi, que a pesar de que incluso se le notificó con documentos que su cargo ya había terminado, él rompió todos esos papeles ante la presencia de demás funcionarios públicos. Actualmente Celi está condenado con 13 años y 4 meses de arresto domiciliario.
Las declaraciones de Araujo ya fueron criticadas por la opinión pública, y por políticos de diferentes partidos políticos, ya que con esa actitud se está dando pie a alabar una ilegalidad. A pesar de ello, el propio Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 283, pone en manifiesto una ambigüedad según algunos juristas, porque permitiría que Salazar se prorrogue a su cargo hasta la designación de su reemplazo.