En Ecuador, la ciudadanía ha denunciado que la Policía Nacional está retirando activamente propaganda electoral asociada a Luisa González, candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Cabe destacar que esta medida se lleva a cabo a pesar de la ausencia de un periodo de silencio electoral para la segunda vuelta electoral, lo que genera preocupación entre los partidarios de González sobre un posible sesgo y una violación de los procesos democráticos.
González ha expresado previamente su desconfianza hacia las autoridades electorales, acusando al Consejo Nacional Electoral (CNE) de parcialidad a favor del presidente en ejercicio, Daniel Noboa. Ha destacado los obstáculos que enfrentó su equipo para supervisar los colegios electorales y obtener actas, lo que, en su opinión, ha comprometido la transparencia del proceso electoral. González afirma que su partido habría obtenido el primer puesto sin estas inconsistencias.
La retirada del material de campaña de González por parte de la Policía Nacional ha intensificado estas preocupaciones, lo que ha llevado a sus partidarios a cuestionar la imparcialidad de las fuerzas del orden. Argumentan que tales acciones, especialmente en ausencia de un mandato de silencio electoral, podrían influir injustamente en la percepción del electorado y socavar la imparcialidad del proceso electoral.
Además de estos desafíos, González ha enfrentado importantes amenazas personales durante su campaña. El 30 de agosto, un plan para atentar contra ella se evitó después de que las autoridades arrestaran a personas que poseían armas y municiones en un mitin político de RC. Uno de los detenidos confesó portar granadas destinadas a ser utilizadas en el evento. González ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo una investigación exhaustiva del intento de asesinato.
A medida que Ecuador se acerca a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, estos acontecimientos ponen de relieve la creciente tensión y los desafíos que enfrenta el proceso democrático. Las acciones de la Policía Nacional, sumadas a las denuncias de irregularidades electorales y amenazas contra candidatos, resaltan la necesidad de vigilancia e imparcialidad para garantizar unas elecciones justas y transparentes.